Confesión desde un municipio.

Hablando de la modificación del Estatuto Administrativo, entiendo que para nadie es agradable la posibilidad de quedar sin trabajo. Pero tampoco podemos desconocer el problema de fondo.

Trabajo en un municipio donde, de la noche a la mañana, aparecieron cerca de 100 funcionarios nuevos, muchos ligados a amistades o cercanías con la administración, algunos con sueldos superiores a funcionarios que llevan años. Incluso tenemos situaciones como hermanos trabajando en la misma área, uno como jefe y otro como ayudante sin formación relacionada.

A esto se suman personas con muy poco tiempo en el municipio que acceden rápidamente a beneficios que otros esperan durante años, además del cuestionamiento al uso de horas extras.

El problema es que estas prácticas no solo afectan a los funcionarios: terminan devaluando el servicio público y perjudicando directamente a la comunidad, porque cuando se priorizan amigos, favores o compromisos políticos por sobre el mérito y las capacidades, la calidad de la gestión y de la atención inevitablemente disminuye.

La municipalidad debería estar para mejorar los servicios a la comunidad, no para pagar favores políticos ni acomodar amigos.

Por eso creo que es necesario que Contraloría fiscalice de verdad y que comencemos a cuidar los recursos públicos. La plata del Estado no es de nadie en particular: es de todos.